jueves, 23 de julio de 2009

UN NUEVO CASO INDIGNO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

EL PARTIDO POR UN MUNDO MAS JUSTO RECIBE RESPUESTA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE EL CASO DE LA NIÑA GIFT

El defensor del Pueblo, D. Enrique Mújica Herzog, acaba de dar un nuevo impulso a la investigación sobre un caso de deportación supuestamente ilegal de la menor Gift Benedu, de 4 años, y sus padres, solicitada por el Partido Por Un Mundo Más Justo al considerar no ajustada a Derecho “una resolución administrativa que acuerde la devolución de territorio nacional, que lleva aparejada además una prohibición de entrada por un plazo de tres años, de manera colectiva (62 personas)”

El jueves 20 de noviembre de 2008, la niña de cuatro años Gift Benedu y su madre Esther Benedu fueron deportadas a Nigeria desde el CIE de Málaga, lugar en el que permanecían retenidas desde hacía casi un mes. Las autoridades no informaron de este hecho en ningún momento a Sony Benedu, padre de Gift internado también en el citado CIE, aunque en un espacio distinto que su mujer y su hija, dándose la circunstancia además de que tanto él como su familia son de Sierra Leona, país que no tiene convenio de repatriación con España, y no de Nigeria, país donde supuestamente están la madre y la niña. Al día siguiente de la deportación, el propio Sony Benedu fue expulsado de nuestro país también con dirección a Nigeria, donde le ha sido imposible localizar a su familia ya que las autoridades aeroportuarias de Lagos desconocen su llegada.

Ante tan flagrante injusticia que atenta, no sólo contra los Derechos Humanos, sino en concreto contra los Derechos del Niño, el partido Por Un Mundo Más Justo (PUM+J) presentó ante el Defensor del Pueblo una denuncia formal con intención de que se investiguen estos hechos y se localice cuanto antes tanto a la pequeña Gift Benedu como a su madre.

El Defensor del Pueblo remite el caso para informe a la Fiscalía General del Estado, al Colegio de Abogados de Granada y a la Subdelegación del Gobierno en Granada.

Con esta denuncia, además de buscar la depuración de responsabilidades concretas sobre una acción claramente atentatoria contra la dignidad de un ser humano, el PUM+J pretende ir también y sobre todo hasta las decisiones políticas que motivan una aplicación de la Ley de Extranjería que acaba por manifestar una situación tan dramática como la de la niña Gift Benedu y sus padres.

Rogamos a todos los medios que difundan en la medida de lo posible esta dramática información que se clava y hiere en lo más profundo de nuestra conciencia solidaria y en nuestro concepto de justicia como país.

Texto completo de la respuesta del Defensor del Pueblo en http://www.porunmundomasjusto.com/Documentos/RespuestaCasoBenedu.pdf

Recientemente el PUM+J ha denunciado, también ante el Defensor del Pueblo y ante la Fiscalía de Madrid, el indigno intento de repatriación de un ciudadano senegalés en Barajas (nota de prensa en http://www.porunmundomasjusto.com/Documentos/np11.pdf y denuncia completa en http://www.porunmundomasjusto.com/Documentos/29.06.09DenunciaFiscal...)

lunes, 13 de julio de 2009

Sobre la visita de Moratinos a Guinea

El PARTIDO POR UN MUNDO MAS JUSTO lamenta que la visita oficial española a Guinea Ecuatorial, encabezada por el ministro de asuntos exteriores español Miguel Ángel Moratinos junto con miembros del parlamento, periodistas y empresarios, esté justificada según palabras del propio Ministro en la “búsqueda de oportunidades de negocio para las empresas españolas”.

A pesar de los comentarios de la Directora General de África Carmen de la Peña afirmando que “Guinea está experimentando un proceso de modernización y España quiere conocer mejor a esta Guinea del siglo XXI", constatamos que esta visita oficial está formada mayoritariamente por empresarios que quieren afianzar su posición en Guinea Ecuatorial, especialmente en el sector de las explotaciones petrolíferas (que hoy en día suponen el 95% del PIB del país), y también en el sector de la construcción, las infraestructuras, la industria naval militar y la industria farmacéutica.

Nos hacemos eco de la denuncia realizada por Human Richt Watch en su recientísimo informe “Petróleo y Derechos Humanos” en el que se pone de manifiesto el mal uso que el dictador Obiang está realizando de las explotaciones petrolíferas, las cuales administra como si fuesen de su propiedad, y que no están procurando la mejora de las condiciones de vida de la sociedad ecuatoguineana.

Actualmente el 66% de la población ecuatoguineana malvive con menos de 1 euro al día, la esperanza de vida es de sólo 50 años y la incidencia de muertes de niños y niñas en el parto es del 12%, al tiempo que el gobierno de Obiang ha reducido el presupuesto en educación del 15% en 1997 a tan sólo el 4% en el período 2002-07.(Datos de OCDE http://www.oecd.org/dataoecd/12/56/40577917.pdf).

Denunciamos el cinismo con el que tanto el ministro Moratinos como el senador del Partido Popular D. Manuel Fraga se ha referido a las situación de Guinea Ecuatorial restando importancia a la ausencia de un régimen democrático y a las agresiones a los Derechos Humanos, las cuales han sido denunciadas durante los 30 años que ya lleva Obiang al frente del país, entre otros por Amnistia Internacional y por el Relator Especial de la ONU Manfred Nowak en su informe de noviembre de 2008

Denunciamos que el interés de las empresas españolas en Guinea Ecuatorial está fomentando la participación del expolio de los recursos naturales ecuatoguineanos, el mantenimiento del régimen dictatorial de Teodoro Obiang, y la perpetuación de la situación de pobreza y abusos en los derechos humanos padecidos por la población.

Denunciamos que los acuerdos de cooperación española no están encaminados a conseguir una buena gobernanza ni el fortalecimieneto institucional del país y no cumplen con los planteamientos del Plan Director de Cooperación, ni con el Plan África. La corrupción del gobierno de Obiang y el desvío de los fondos de cooperación se ha producido de forma sistemática desde los primeros años de la dictadura, y en este escenario los fondos de cooperación no hacen más que agravar los problemas sociales, económicos y políticos del país.

Por tanto, desde el partido Por Un Mundo Más Justo exigimos que ninguna empresa española se beneficie de un trato especial en estas relaciones bilaterales con países africanos (recientemente también en Nigeria) y que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se dejen de promover las inversiones españolas en Guinea Ecuatorial.

Exigimos que la Ayuda Española a Guinea se dedique especialmente a servicios sociales básicos, principalmente en lo relativo a educación primaria y atención primaria de salud, y dada la falta de transparencia del gobierno de Guinea Ecuatorial, que los acuerdos que se establezcan con dicho país se canalicen por vía multilateral.

No podemos admitir como ciertos los argumentos de cooperación con Guinea Ecuatorial basados en un interés cultural, por la condición del país de ex colonia española. Si esta es realmente la prioridad, exigimos que la Cooperación Española muestre una coherente actitud de colaboración con el pueblo saharaui, pueblo que el Gobierno español ha olvidado por no querer enfrentarse con la clase hegemónica de Marruecos (prioridad A en AOD española. Guinea Ecuatorial: prioridad B en AOD española, según el Plan Director de Cooperación Internacional 2009-12).

martes, 7 de julio de 2009

El Gobierno y la Ayuda al Desarrollo

En relación con la noticia de la que se hacían eco numerosos medios de comunicación acerca de la ayuda que el actual gobierno ha decidido destinar a Africa Occidental (1000 millones euros para desarrollo agrícola y soberanía alimentaria), su contribución con 15 millones de euros a CEDEAO y siete millones más a su Centro Regional de Energías Renovables, desde el partido político Por Un Mundo Más Justo exigimos:

1. Una coherencia de políticas seria en materia de soberanía alimentaria y desarrollo agrícola que pase por una reforma progresiva de la Política Agraria Común de la UE, de manera que la ayuda económica invertida en desarrollo agrícola y soberanía alimentaria de los países pertenecientes a CEDEAO (1000 millones de euros) no se vea anulada totalmente por las medidas proteccionistas del mercado agrícola europeo y que dificultan la incorporación autónoma de los países de CEDEAO al mercado internacional.

2. Pedir que la ayuda se invierta en el grupo de aquellos países de la CEDEAO (Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo) que son prioridad geográfica para el gobierno de España (no todos los países de esta comunidad lo son), y con “asignación mínima para cada país incluido en este grupo” según las recomendaciones del CAD para nuestro país y que aparecen en el reciente Plan Director de Cooperación Internacional 2009-2012 (http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacion...). Países prioritarios A o B para España y que a su vez estén incluidos en la CEDEAO son: CABO VERDE, GAMBIA, GUINEACONAKRY, GUINEA BISSAU, MALI, NIGER y SENEGAL.

3. Frente a la contribución con 15 millones euros a CEDEAO, recordar que la inversión sea principalmente en Servicios sociales básicos (SSB) (al menos el 20%) y que sea libre de intereses comerciales y/o estratégicos.

4. Respecto a la inversión de 7 millones más a su Centro Regional de Energías Renovables exigir asimismo la desvinculación con intereses comerciales de empresas de hidrocarburos de nuestro país.

5. En relación con la cumbre bilateral con Nigeria y con un foro empresarial, recordar la preferencia de los acuerdos económicos multilaterales frente a los bilaterales, que Nigeria no es país contemplado en nuestras prioridades geográficas y que los acuerdos de dicha cumbre no sean excusa para la internacionalización de nuestras empresas de hidrocarburos a cualquier precio, que se condicione la inversión a que el gobierno receptor de Nigeria determine de manera transparente una distribución equitativa entre toda la población , especialmente la más desfavorecida, de los ingresos económicos por motivos de exportación de crudo y que las empresas españolas se ciñan a las exigencias de la Responsabilidad Social Corporativa con exigencia de compensación justa de daños en los medios de subsistencia de la población autóctona de Nigeria. Además que los beneficios obtenidos por el gobierno español de estos acuerdos se destinen a seguir promocionando el desarrollo de la agricultura y la pesca de Nigeria, como fuente principal de economía

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