martes, 24 de diciembre de 2013

EL PARTIDO POLÍTICO POR UN MUNDO MÁS JUSTO, M+J, PRESENTA EL ANÁLISIS DEL GASTO SOCIAL DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

FRENTE A LA CRISIS DEL SISTEMA ECONÓMICO ESTABLECIDO NUESTRA SOCIEDAD DEMANDA UNA CARTA DE LOS DERECHOS SOCIALES

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuya aprobación está anunciada para hoy día 19 de diciembre, el gasto social se incluye en las áreas presupuestarias de "actuaciones de protección y promoción social" y "producción de bienes públicos de carácter preferente". En la primera se encuentran las prestaciones económicas, los servicios sociales, la acción y promoción social y el fomento del empleo. La producción de bienes públicos se refiere a sanidad, educación y cultura. En este primer comunicado, queremos hacer llegar a la sociedad una propuesta fundamental extraída de nuestro análisis de los PGE (www.porunmundomasjustos.es )  que desarrollaremos en sucesivos comunicados.

Como posicionamiento político general, desde M+J demandamos una reestructuración, profunda y global, del concepto de protección y promoción social. En el marco de la política social, tal como reflejan los PGE, la protección y promoción social está, en  gran parte, dedicada a atender a colectivos concretos, careciendo de una perspectiva general que le permita abordar los derechos sociales en su conjunto y, por lo tanto, mostrándose incapaz de dar respuesta a los graves problemas que afectan actualmente a toda nuestra sociedad. Sin negar la necesidad de acciones reforzadas dirigidas a determinados colectivos, en una sociedad donde el 21% de sus miembros está en situación de pobreza, con 1.800.000 hogares con todos sus miembros sin trabajo (informeFoessa 2013) y con 5.000.000 de desempleados, la protección y promoción social debe dirigirse, y alcanzar, a toda la sociedad.

Con este fin proponemos la aprobación de una carta de los derechos sociales, con rango de Ley Orgánica, que establezca las prestaciones, económicas, sociales y asistenciales, que las Administraciones Públicas estarán obligadas a garantizar y que podrán ser exigibles. Esta carta incluirá, a su vez, una declaración específica sobre los derechos sociales de las personas migrantes. Con esta Ley, se transformarán en derechos lo que hasta ahora son meros servicios públicos que pueden recortarse o eliminarse  por una simple decisión de conveniencia política.

Para hacer realidad esta política proponemos pasar de un gasto en protección y promoción social de 1.800 millones de euros a 10.700 millones, con 2.500 millones para promoción social (igualdad de oportunidades, juventud, infancia y familia y prevención de la violencia de género), 3.000 millones en servicios sociales (prestaciones sanitarias, asistenciales y sociales) y 5.100 millones en acción social (migrantes, drogodependencia). En nuestros próximos comunicados explicaremos como los ingresos necesarios para garantizar este presupuesto son fácilmente alcanzables si existe una verdadera voluntad política que priorice a las personas y familias y busque decididamente la cohesión social que nuestra constitución exige.

miércoles, 18 de diciembre de 2013

Dia Internacional de las personas migrantes

Desde el Partido Político Por un Mundo más Justo · M+J queremos demandar una política de inmigración que apueste en primer lugar por las personas y su dignidad.

Desde el partido Por un Mundo más Justo queremos demandar una política de inmigración que apueste en primer lugar por las personas y el respeto a su plena dignidad y a todos sus derechos y en segundo lugar y para conseguir lo primero, por una sociedad integrada e integradora, que garantice, real y efectivamente ese respeto más allá de la situación administrativa de los individuos. Los inmigrantes conforman uno de los grupos de población hoy en día más expuesto a las virulentas consecuencias de la crisis dentro y a la puerta de nuestras fronteras, debido a su vulnerabilidad y exposición a la marginación y exclusión.
En el partido Por un Mundo Más Justo creemos que la pobreza y la desigualdad son los principales problemas que afectan al conjunto de la humanidad. Un drama cuyo fin estaría próximo si en los ámbitos de decisión política se asumieran las responsabilidades y se tomaran las medidas necesarias y factibles para su solución. Queremos ser la expresión política del movimiento social en defensa de los Derechos Humanos. Es precisamente este enfoque, el de Derechos Humanos, el que hemos utilizado a la hora de plantearnos el contenido y propuestas de trabajo en relación con la defensa de los migrantes en situación irregular en nuestro país.
Estamos viendo en España y en Europa cómo la sensación de incertidumbre y desconcierto ante el futuro afecta a gran parte de nuestra sociedad. Las referencias políticas, económicas, culturales y morales que nos han marcado en los últimos años se están evaporando en gran parte, dejando un rastro de dudas, indignación y temor. En toda Europa, las políticas sociales, que constituyen una de nuestras señas de identidad, están sometidas a revisión y surgen  interrogantes sobre la sostenibilidad del propio modelo del Estado de bienestar que ha configurado la personalidad europea en el último medio siglo.

El aumento de la tasa de desempleo actual en España está siendo un argumento utilizado políticamente para justificar estrategias tendentes a evitar la entrada de los migrantes irregulares, criminalizar su situación una vez están dentro de nuestras fronteras y agilizar su expulsión, después de recluirlos en los Centros de Internamiento por haber incurrido en una falta administrativa, en la mayor parte de los casos en pésimas condiciones. Los procedimientos establecidos para controlar los movimientos migratorios son la causa de que en la mayoría de las ocasiones la única opción para los migrantes sea la inmigración irregular, con los nocivos efectos que ello supone para los individuos, para los países de origen y también para los países de destino. No podemos olvidar, además de lo reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo recogido en nuestra constitución de 1978, que es contrario a muchas actuaciones que hoy en día se están llevando a cabo, como son: el mantenimiento de los Centros de Internamiento para Extranjeros; las redadas policiales y controles arbitrarios; las repatriaciones
de menores y menores no acompañados; la denegación de asilo masiva y con pocas justificaciones; y un largo etcétera de acciones en contra de los derechos fundamentales.


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